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URV

Maria Esperanza Martínez Yáñez

Esperanza Martínez Yáñez en su investidura como doctora honoris causa por la URV
Esperanza Martínez Yáñez en su investidura como doctora honoris causa por la URV
Fecha de investidura:
11 de noviembre de 2022
Padrina y padrino:
Aitana de la Varga y Victor Merino Sánchez
Área de conocimiento:
Derecho

Esperanza Martínez Yáñez (Ecuador, 1959), jurista, bióloga y defensora de los derechos humanos y ambientales, será investida doctora honoris causa por la Universidad Rovira i Virgili, apadrinada por Aitana de la Varga y Víctor Merino, investigadores del Departamento de Derecho Público.

Su trayectoria ha combinado la investigación sobre la defensa de los derechos ambientales con la práctica cotidiana sobre la defensa de la naturaleza en ámbitos comunitarios. Una de sus aportaciones más relevantes ha sido la creación y promoción del concepto de derechos de la naturaleza, una idea clave para la reformulación del derecho y también de los presupuestos, políticas y estándares de actuación de todos los agentes sociales porque implica que la naturaleza deja de ser un recurso a disposición de los humanos.

Ha liderado varias organizaciones sin ánimo de lucro para la defensa de la naturaleza y el medio ambiente, entre las que destaca Acción Ecológica, que cofundó en 1986 para la defensa de las personas afectadas por actividades extractivas de carácter industrial, como petroleras, mineras, agroindustriales y de la madera, de la que ha estado presidenta en varias ocasiones. En 2001, fundó el Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, para promover el debate en la academia y tejer redes entre estudiantes y profesorado. Más tarde, fundó Red Oilwatch, un observatorio de la política petrolera de los países del sur, con la participación de 45 países de Asia, África y América Latina, que pone en contacto a los afectados por la extracción petrolera.

Asimismo, formó parte de la campaña Amazonía por la vida, que proponía dejar el crudo en el subsuelo del Parque Nacional del Yasuní (Ecuador) y que el gobierno asumió finalmente. Por su liderazgo en esta defensa, denunció su caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en octubre de 2015, ya que las personas defensoras de los derechos ambientales son a menudo víctimas de violencia.

En 2008, formó parte de la Asamblea Constituyente de Ecuador y trabajó sobre la concesión de derechos de la naturaleza, que fueron incluidos en la constitución del país. Este es un cambio en la concepción de los derechos, que ha sido merecedor de reconocimientos internacionales por las posibilidades que supone para la defensa de las comunidades y los ecosistemas.

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